User:Progob2007

I.- Reflexiones y propuestas sobre la Política Energética Venezolana.

1.- ¿Cómo entendemos la Política Energética?

Es un afirmación recurrente, lo de la ausencia de una Política Energética Integral en Venezuela. Antes de pretender explicar las razones de esta ausencia, vale la pena resumir lo que entendemos por ella.

• Es un componente sectorial de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del País,  en consecuencia debe enmarcarse de manera  coherente con tal estrategia. ( Documento OLADE-1998). • Es un programa direccional que refleja “una” visión del Sistema Energético y que refleja parcial o totalmente la opinión de los diversos actores del Sistema. Este programa establece un conjunto de objetivos, estrategias, acciones y proyectos.( Carlos Matus- Política y Plan) • Coadyuvar a las estructuración de un marco jurídico específico que sea la expresión jurídica de la Política. Es decir que permita la ejecución de dicha política apegado a la legalidad. • Debe asumir todo el marco jurídico que rige el funcionamiento de actividades y sectores del entorno, que sean importantes para el Sistema Energético, especialmente lo relativo a leyes impositivas, atribuciones del poder local, disposiciones ambientales, acuerdos y leyes internacionales, entre otras. • Debe definir el rol de todas la fuentes energéticas primarias y secundarias, y las relaciones entre ellas, en el contexto de una estrategia que optimice la oferta de energía tanto para el mercado interno como  para el mercado internacional. • Contrariamente a la visión, bastante generalizada,  orientada a centrar la atención solo, o esencialmente en la oferta, es decir plantearse solo el problema de como garantizar el suministro de energía, considerando la demanda como un “dato”,  la Política Energética debe considerar todas las fases del  Sistema Energético, es decir la cadena Producción- Transporte – Transformación- Distribución- y Consumo, como variables sobre las cuales debemos incidir con políticas especificas en función de la optimización  de todo el Sistema. • Debe conciliar la visión de corto, mediano y largo plazo. • Debe establecerse claramente que los intereses Sectoriales estarán por encima de los intereses de las empresas y otros actores que lo conforman, y los intereses nacionales privarán por encima de los intereses del Sector. • Especial relevancia tiene la consideración del entorno internacional, en función de asumir las limitaciones que impone, así como aprovechar las oportunidades que crea. • Debe ser ejecutada por una organización sólida, con personal capacitado y garantía de continuidad.

Una Política Energética concebida en esos términos, constituye una garantía para todos los actores, ya que transmite certidumbre en la toma de decisiones, y proporciona información que permite a tales actores planificar sus inversiones y tomar decisiones  con visión de mediano y largo plazo.

Obviamente para definir la Política Energética Integral, es necesario conocer su sustento ideológico o doctrinario, y esto constituye el centro de las decisiones del mas alto nivel, vinculados a la propia concepción que se tenga acerca del desarrollo económico y social, y de las estrategias que de ello se derivan.

2.- Por que una política energética?

La alta participación de la actividad petrolera en la economía y en el sector energético venezolano ha limitado la atención al Sistema Energético en los términos en que lo hemos definido. La magnitud y fortaleza de la Industria Petrolera en términos financieros, de recursos humanos y tecnología fue entendida por la clase política, como capaz de resistir cualquier exigencia y encubrir cualquier ineficiencia, por ejemplo: bajos precios de la energía en el mercado interno, altísimos consumos específicos en los sectores industrial, comercial, transporte, morosidad del sector eléctrico, suministro a zonas cuyas escalas pudiesen permitir la explotación de otras fuentes, entre otros.

Esa idea en cuanto a la capacidad casi infinita de resistir cualquier exigencia financiera, es hoy aun mas acentuada cuando se le han asignado responsabilidades en el área social en detrimento de sus responsabilidad fundamental cual es la maximización de generación de recursos financieros y la garantía de suministro confiable y  continuo  para el desarrollo económico y social de la nación.

Todo indica la necesidad de una atención a todo el sistema energético, es decir a todas las fuentes energéticas de tal manera que conformen una estructura de oferta que tienda a lo óptimo en cuanto a nivel y estructura ( energías primarias renovables, no renovables,  pequeña y gran escala, centralizadas y descentralizadas). Igualmente al sector de transformación ( centrales eléctricas y refinación) para que mejore la eficiencia de las centrales térmicas, que incorpore tecnologías modernas, que de mayor valor agregado, que aumente la disponibilidad. Especialmente importante es la  atención a las redes eléctricas y de gas, que hoy constituyen factor determinante en la limitada y en algunos casos inexistente cobertura y calidad de servicio en lo que se refiere a electricidad y gas.

Finalmente el aspecto menos atendido de todo el sistema energético: la demanda de energía. Los indicadores de ineficiencia energética en Venezuela son los mas altos de la Región, aún comparados con países exportadores de petróleo como México y Ecuador. En algunos casos el consumo de energía por unidad de PIB es el doble que países de similar nivel de desarrollo, similares resultados se observan en consumo de electricidad per cápita, en los consumos específicos de algunas ramas industriales etc. Atender todos los aspectos que hemos mencionado justifica un esfuerzo para ejecutar una Política Energética Integral. Pero tal vez lo que lo justifica son los potenciales beneficios que ello genera.

3.- Beneficios potenciales de una política energética integral.

•	Mejora la competitividad de la economía en general, especialmente importante para los sectores industriales exportadores. •	Incrementa la capacidad financiera de las empresas energéticas. •	Libera mas recursos financieros para atender los problemas sociales. •	Fortalece la presencia del estado en zonas fronterizas, alejadas, aisladas y rurales( uso de fuentes a pequeña escala). •	Transmite un mensaje claro a los inversionistas nacionales y extranjeros. •	Reduce la participación del valor de la energía en la estructura de costos de los sectores productivos. •	 Incrementa la confiabilidad del suministro de energía por mayores inversiones. •	Aumenta los ingresos de divisas y fiscales por exportación de hidrocarburos líquidos, respetando los acuerdos de producción. •	Viabiliza a mediano plazo precios internos de la energía mas racionales económicamente. •	Reduce el impacto del sector energía en el ambiente. •	Fortalece la sostenibilidad financiera del Sector Energético convencional a largo plazo. •	Contribuye a la creación de un sistema energético parcialmente descentralizado ( explotación de pequeñas caídas de agua, fuentes nuevas y renovables: eólica, solar bioenergía, etc.). •	Permite una estrategia explícita para los sectores sociales mas débiles en materia de precios, cobertura y calidad del servicio. 4.- Acciones mas importantes.

•	Retomar la institucionalidad en el Sector Energía, reestableciendo la separación de las funciones del estado en el ámbito de la formulación de políticas, la regulación, la actividad empresarial, la operación y asignando a los entes gubernamentales energéticos las responsabilidades que le son propias, quitándole misiones que incumben a otras instituciones del estado. •	Fortalecer al Ministerio de Energía y avanzar en  los arreglos institucionales que garanticen que dicho Ministerio estará en capacidad de atender a todo el Sistema Energético en los términos definidos, es decir todos los subsectores  (petróleo, gas, electricidad, carbón, fuentes alternas nuevas y renovables),  toda cadena energética  y las exigencias que demanda el entorno nacional y el internacional en el corto, mediano y largo plazo. •	Abrir un amplía consulta con los actores públicos y privados sobre la reconducción de la Política Energética, dado el grado de deterioro institucional, material, financiero y humano en que se encuentran las instituciones energéticas.

II.- Situación y propuestas para el Sector Eléctrico Venezolano

El sector eléctrico venezolano tuvo un desarrollo acelerado a partir de los años sesenta, lo que permitió acompañar el desarrollo económico durante ese periodo. Es así como hoy en día se cuenta con una importante infraestructura compuesta por grandes plantas de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, un sistema interconectado de muy alto voltaje y una extensa red de distribución que en su conjunto permiten prestar un servicio al 92 % de la población, a pesar de que un amplio territorio carece de servicio o lo tiene de muy mala calidad, especialmente el sur del país, las zonas fronterizas y zonas aisladas.

Este esfuerzo de inversión, ejecutado principalmente por el Estado venezolano y parcialmente por el sector privado, se considera hoy insuficiente, especialmente por el deterioro que ha experimentado el sector en los últimos ocho años, de tal manera que la cobertura y la calidad de servicio se ha deteriorado hasta niveles intolerables en todo el país, principalmente en el Oriente y en los Andes. Por tal razón se requieren esfuerzos de renovación, repotenciación y ampliación de la infraestructura con nuevas inversiones,  que permita atender la demanda actual y futura con buenos niveles de calidad de servicio y cobertura total, que acompañe el  desarrollo económico-social  del País.

Los principales aspectos que caracterizan la crisis actual del sector eléctrico son: 1.	Carencia de una Política Energética Integral. 2.	 El no cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico aprobado en el 2001. 3.	Crisis Financiera y bajos niveles de inversión. 4.	La persecución política como factor limitante de una gestión administrativa eficiente.

1.	Carencia de una Política Energética Integral.

El Sector Eléctrico ha estado afectado por la atención prioritaria que demanda el sector petrolero y en consecuencia por el sesgo que esta situación imprime a la  Política Energética. Adicionalmente el ente rector de la Política no dispone de la suficiente capacidad para atenderlo. Hoy esta situación se ha agravado, ya que se agrega la asignación de responsabilidades a loa actores del sector eléctrico, que no tienen que ver con su misión. Se puede afirmar que en este sentido la característica fundamental es la anarquía institucional, jurídica, financiera y técnica del sector.

Uno de los aspectos importantes que adelantó la Política Energética Nacional se refiere a la promoción de la sustitución de combustibles líquidos por gas e hidroelectricidad,  para maximizar su exportación. Este aspecto y otros elementos de interés para el sector eléctrico, como la ineficiencia del parque termoeléctrico ( el 80 % del parque térmico tiene mas de 25 años), la moderación de la tasa de crecimiento de la demanda con estrategias de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, la necesidad de reestudiar la participación de la generación térmica para reducir la excesiva dependencia de la hidroelectricidad y en consecuencia los requerimientos nueva generación termoeléctrica que consumirian líquidos de hidrocarburos de alto valor económico, si no se hace un desarrollo oportuno de gas y las nuevas condiciones del mercado petrolero y del gas, hacen necesaria la urgente definición de lineamientos claros en cuanto a la definición del tipo, disponibilidad, ubicación y precios de los combustibles a utilizar para la generación de energía eléctrica.

2.	El no cumplimento de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico aprobada en 2001.

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE), sancionada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2001, la cual tiene sus antecedentes en el Decreto con rango y fuerza de Ley del Servicio Eléctrico dictada con los poderes habilitantes del Presidente de la República en 1999, se creyó que se llenaría un importante vacío normativo en el país y se sentaban las bases de la reforma para revertir el proceso de deterioro de la industria eléctrica nacional. Esta Ley establece que el Estado velará porque todas las actividades se realicen bajo principios de equilibrio económico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y transparencia a los fines de garantizar un suministro de electricidad al menor costo posible y con la calidad requerida por los usuarios, estableciendo los mecanismos que permitan la participación de capitales públicos y privados en todas las actividades para garantizar su desarrollo sustentable y la satisfacción de los consumidores (Artículos 2 y 3 de la LOSE).

Sin embargo la Ley vigente no se ha aplicado debido a que el Ejecutivo Nacional no ha tomado las decisiones relativas a la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) ni al Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico (CNGSE), entre otros factores. Si bien el Reglamento General del Decreto-Ley fue dictado el 14/12/2000 por el Ministerio de Energía y Minas, aun falta por desarrollar toda la reglamentación específica para que la Ley pueda ser aplicada en toda su extensión y abarcar todos los aspectos para el cabal ejercicio de las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y gestión. Es perceptible la disposición del gobierno de no cumplir la ley, y por el contrario todas las decisiones van en dirección contraria a las previsiones de la ley. Como ejemplo destacamos la concentración de poder en las mismos manos han hecho imposible el control de la administración, la regulación y la calidad del servicio eléctrico. La designación del Viceministro, quién al mismo tiempo es el jefe del ente regulador como Presidente de la empresa eléctrica nacional (CADAFE),  es e instituciones que  una evidencia de ello. Esta situación pone en evidencia el desprecio del gobierno por la legalidad, con graves implicaciones para el sector, entre ellos:  la ausencia  del ente regulador que garantice las reglas del juego para todos los actores, especialmente perjudicados son los usuarios que carecen de una instancia donde reclamar sus derechos, carencia de un  plan eléctrico nacional  en los términos previstos en la ley que oriente a los inversionistas sobre la  visión de largo plazo del sector, no implementación de los mecanismos que reduzcan las pérdidas eléctricas.

3.	Crisis financiera y bajos niveles de inversión.

•	Necesidades financieras.

Actualmente, el sector eléctrico nacional necesita ejecutar aproximadamente 1.800  millones de dólares al año en inversiones, de los cuales 800 millones de US$ deben destinarse a nueva generación, 500 millones de US$ para ampliar el sistema de transmisión y 500 millones de US$ para mejorar sistemas de distribución y comercialización. Estos niveles de inversión se requieren para ejecutar proyectos que han debido completarse en años anteriores, así como proyectos que permitirán satisfacer el crecimiento de la demanda de electricidad en el país.

•	El entorno económico y el sector eléctrico.

Debido a que el país ha experimentado importantes desequilibrios macroeconómicos en las últimas 2 décadas, el costo del servicio eléctrico se ha incrementado sensiblemente. La alta participación de componentes importados aunado a la devaluación de la moneda, así como la inflación local impactan significativamente la estructura de costos de las empresas •	Rezagos tarifarios. Los gobiernos han sido muy comedidos y resistentes a los aumentos de tarifas, aun en períodos con desequilibrio macroeconómico particularmente graves que afectan las variables claves, tales como inflación, tasa de cambio, ajustes de salarios etc. En consecuencia los ajustes de tarifas no han ocurrido, se han dado en forma rezagada y generalmente incompletos.

Para asegurar la prestación adecuada del servicio eléctrico, el ajuste oportuno de las tarifas de electricidad es crucial para las empresas, a menos que el estado garantice de manera permanente las inversiones, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento y de los costos de los contratos colectivos. De no ser así el Sector y las empresas que lo conforman continuarán registrando una muy baja rentabilidad o aun peor, rentabilidad negativa, lo que afectará su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros y a su vez, causará un progresivo retraso tecnológico,  un desmejoramiento de la calidad del servicio y una descapitalización del recurso humano.

El gran rezago tarifario que existe hoy en día con casi tres años sin que se tomen decisiones tarifarias, tiene muchos elementos de análisis. El fundamental es la viabilidad política, dado el potencial conflictivo que el tema de los precios de la energía en general genera en la población, además  el impacto que los ajustes de tarifas incrementa  los gastos del estado, lo cual limita la voluntad política del estado para tomar tales decisiones.

No creo viable que un próximo gobierno, que de prioridad a la equidad social, aborde el problema tarifario sin mejorar calidad de servicio, implementar un plan de eficiencia energética asistido por el estado ( reconversión industrial, incentivos, legislación, etc) que reduzca el impacto inflacionario de eventuales ajuste tarifarios. La opción prioritaria es ordenar el tema de los subsidios tal como están previstos en la LOSE.

•	Pérdidas eléctricas.

El alarmante incremento de las pérdidas eléctricas por hurto y fraude así como del robo de material eléctrico es un factor de importante impacto en la situación financiera de las empresas eléctricas. Es así como en los últimos doce años, las pérdidas eléctricas se han venido incrementando a una tasa promedio (6,6%) superior al experimentado por la energía facturada (3,2%). En la actualidad estas pérdidas alcanzan un promedio equivalente al 40% de la energía total generada en el sector eléctrico, observándose en algunas regiones del interior del País valores cercanos al 60%. La magnitud de las pérdidas eléctricas ha sido tan elevada que supera la energía generada térmicamente. En este sentido, si convertimos el nivel de pérdidas del año 2005 (35.972 GWh) a barriles equivalentes de petróleo obtenemos aproximadamente unos 75 Millones de barriles anuales, lo cual si lo expresamos en términos monetarios representa para el país unos 3.750 Millones de dólares, para un precio promedio del barril de petróleo venezolano igual a 50 $/bbl en el año 2006. El tema de las pérdidas eléctricas debe ser enfocado como un problema de Estado donde además de las empresas eléctricas, se conjuguen las acciones de las autoridades nacionales, regionales y locales, junto a otras instituciones como Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Indecu y el Sencamer. ( En este sentido, es indispensable tipificar el hurto y fraude de electricidad como delito,) ( tengo dudas). Creo que el problema es otro - Por que la Electricidad de Caracas minimiza el problema. Creo qe llega al 13 %( Ricardo seguramente tiene el número) para apoyar a las empresas en sus programas de reducción de pérdidas. Es sabido de Gobernadores y Alcaldes que compran sus propios equipos de reconexión, para conectar ilegalmente a sus gobernados y sin que medie pago alguno a la empresa de servicio eléctrico, con la única razón de la búsqueda de respaldo político sin medir las consecuencias económicas para la empresa eléctrica y el deterioro de la ética y la moral de los ciudadanos. De no atacar este problema en forma integral y con prontitud, las empresas eléctricas no podrán satisfacer las necesidades de sus usuarios. •	Morosidad del Sector Público.

La mororosidad permanente del sector publico a todos los niveles, Municipal, Estadal y Nacional,, configuran una situación muy precaria para las empresas. Desde el punto de vista operativo, esto conduce al incumplimiento de normas de operación y programas de mantenimiento, que no cuentan con los recursos monetarios para su normal ejecución. Desde el punto de vista económico y financiero, esto conduce a la inviabilidad del negocio y su eventual incapacidad para apoyar el crecimiento económico del país.

El sector público, conformado por organismos e instituciones nacionales, organismos estadales y municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, acumulaban una deuda por concepto de consumo de electricidad que al cierre del año 2002 ascendía a 1.050 millardos de bolívares. (quien tiene cifras mas actualizadas) Esta situación no ha mejorado hasta la fecha, lo que afecta en forma significativa el flujo de efectivo que las empresas de servicio eléctrico deben disponer para garantizar la operación y el mantenimiento adecuado del sistema eléctrico, así como su necesaria expansión, dado el crecimiento de la demanda de electricidad en el país.

Por lo tanto, deberán adoptarse las medidas necesarias para subsanar este problema y evitar que se repita en el futuro. Entre otras medidas, la Oficina Nacional de Presupuesto deberá vigilar que los organismos públicos incluyan en sus respectivos presupuestos anuales las partidas suficientes para el pago del servicio eléctrico, y que las mismas no puedan ser reconducidas para ser aplicadas a otros fines distintos que cancelar el servicio eléctrico. •	Restricciones financieras.

El rezago tarifario por un lado, las pérdidas eléctricas, la incapacidad manifiesta de las empresas propiedad del Estado para hacer una eficiente cobranza, las limitaciones impuestas a la inversión privada y la falta de aportes suficientes del Ejecutivo Nacional a  la empresas publicas para realizar las inversiones necesarias y el adecuado mantenimiento,  han tenido consecuencias desvastadoras en el plan de inversiones necesario para adecuar el sector a los niveles de calidad de servicio y cantidad de oferta eléctrica que requiere el país para un desarrollo adecuado.

Otra fuente de financiamiento de las empresas eléctricas es la banca multilateral, la banca comercial o los proveedores de equipos. Desde el momento en que estas instituciones financieras observan los factores críticos mencionados que tienen las empresas eléctricas y perciben que esta situación afectará el flujo de caja de dichas empresas, difícilmente podrán otorgar financiamiento por la baja capacidad de las mismas para honrar sus compromisos financieros.

•	Efectos de los bajos niveles de inversión en el sector eléctrico.

Las deficiencias de inversión en el sector eléctrico son cada vez más evidentes, manifestándose en interrupciones del servicio eléctrico, que inicialmente eran ocasionadas en su mayoría en los sistemas de distribución locales, y desde hace unos años se presentan en muchas regiones del país por fallas en los sistemas de transmisión interregional. Un indicador que describe esta situación son las interrupciones del servicio con racionamientos mayores a 100 MW en el Sistema Interconectado, las cuales han pasado de 8 interrupciones en 1994 a 44 en el año 2002. ( Creo que en 2005 llegaron a 72 y en 2006 van por 55) (cifras actuales quien tiene?)  A manera de ejemplo se puede señalar que cada falla de este tipo implica interrumpir el servicio eléctrico a una carga equivalente a una ciudad de 250.000 habitantes. En la actualidad, el país corre el riesgo de tener interrupciones debidas a una generación de energía eléctrica insuficiente para cubrir la demanda nacional. La oferta de generación que desde el punto de vista teórico, debería estar compuesta en un 60% por fuentes hidroeléctricas y un 40% termoeléctricas, muestra graves problemas por la obsolescencia del parque de generación térmica, donde más del 80% del mismo posee como mínimo 25 años de antigüedad. En la práctica, el parque térmico no es capaz de cumplir sus compromisos de generación, especialmente en períodos en los cuales la generación hidroeléctrica debe limitarse por la ocurrencia de condiciones hidrológicas adversas. De hecho, la demanda del país ha tenido que cubrirse en los últimos años a costa de utilizar volúmenes de agua en el embalse de Guri que debían ser preservados. En tal sentido, deben ejecutarse las inversiones requeridas para repotenciar el parque térmico actual e instalar nueva generación, a fin de reducir el riesgo de tener racionamientos prolongados y situaciones deficitarias recurrentes que pueden afectar la actividad productiva del país. 4.	La persecución política como factor limitante de una eficiente gestión administrativa.

La Política partidista siempre fue un elemento que influyó de manera importante en el manejo de las empresas eléctricas propiedad del Estado Venezolano. Sin embargo a ciertos niveles especialmente medios y bajos se mantuvo una estabilidad relativamente alta. La politización en los últimos tiempos, con un nuevo “ingrediente” que se consideraba superado, que es la persecución política ha provocado graves deslaves de personal calificado y una continua rotación de gerentes y administradores a todos los niveles de las empresas del estado. Como ejemplo podemos mencionar que la empresa mas importante del sector eléctrico nacional (CADAFE) ha tenido seis administraciones en los últimos 7 años. Esta profunda politización, ha profundizado la crisis por los vicios y prácticas que no están en línea con la sana administración de una empresa mercantil.

Las empresas son inauditables y hoy en día el 80 % de la energía generada por ellas o comprada a otras proveedoras se pierde o no se  cobra, las medidas de corte del servicio a los deudores no se ejecuta por miedo a  represalias políticas o por temor a  la pérdida de  popularidad entre los votantes, los Estados Financieros no están al día, la empleocracia es una resultante de la recomendación política y no de las necesidades de la operación y comercialización, lo que ha concluido en una cantidad enorme de empleados y obreros no necesarios para la operación, las administraciones de las empresas por temor al conflicto necesario en una discusión de la contratación colectiva, han firmado obligaciones impagables que ponen a la empresa en una débil posición ante los gremios y los sindicatos. Lo más importante es cuidar el puesto y no la gerencia genuina de la empresa.

RECOMENDACIONES

Con base en los argumentos antes expuestos, recomendamos tomar las siguientes acciones :

1.	Instrumentación de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Implantar la reglamentación de la LOSE dentro de un cronograma elaborado conjuntamente con las empresas eléctricas.

2.	Definir de una Política Energética Integral Definir una política energética  integral, que abarque: los precios de venta al consumidor (tarifa), las reglas para la inversión en nuevos equipos, los precios y disposición de combustibles para la generación de electricidad, especialmente con gas natural.

3.	Fortalecimiento Financiero de las Empresas Eléctricas Requerir al Ejecutivo Nacional el pago de la deuda del sector oficial con las empresas eléctricas y la implementación de los ajustes tarifarios pendientes.

4.	Tipificación del Hurto y Fraude de Electricidad como Delito Incluir en la Normativa Legal, el hurto y fraude de electricidad como delito, así como requerir el apoyo de autoridades y otras instituciones para combatir este grave problema.

5.	Redefinir la política de subsidios Orientar los subsidios a las clases mas necesitadas y que presenten un consumo inferior a 250 Kwh/mes. Eliminan el subsidio actual que es para toda la población. Estos subsidios deben ser cancelados por el Estado a las empresas eléctricas y podria se otorgado a través de la tarjeta de debito Mi Negra