User:MARIA ISABEL ROSALES

LA OBESIDAD EN MÉXICO

Siete de cada diez adultos mexicanos sufren sobrepeso u obesidad.1 Esto equivale a 48.6 millones de personas que enfrentan el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus tipo dos, padecimientos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.2 La elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país como el segundo de la OCDE con mayor incidencia después de Estados Unidos.3

Este problema empieza en la infancia, permanece en la adolescencia y se exacerba en la vida adulta. Uno de cada tres niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Sin embargo, a partir de los 20 años esta prevalencia se duplica.4Un niño que es obeso tiene 50% de probabilidades de seguir siéndolo en la adultez, incluso si se le detecta en edad escolar. Además, el exceso de grasa en edades tempranas tiene consecuencias funcionales muy graves de carácter psicosocial y médico. Entre estas últimas se incluyen: hipertensión, resistencia a la insulina, problemas óseos y mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura en la edad adulta.5

Entre 2000 y 2012 la tasa conjunta de sobrepeso y obesidad en adultos creció más de 15 puntos porcentuales, pasando de 61.8 a 71.2% de la población. En 2012, esta tasa fue mayor para mujeres (73%) que para hombres (69.5%). Sin embargo, los hombres presentan mayores niveles de obesidad (42.6%) que las mujeres (35.5%).6

La principal causa de sobrepeso y obesidad es el desbalance energético, el cual consiste en una mala alimentación combinada con poca o nula actividad física. En parte, esta definición sugiere que un individuo tiene la responsabilidad absoluta sobre sus hábitos. No obstante, existen múltiples factores subyacentes que influyen en las decisiones de los individuos. Varias de las causas indirectas requieren intervención gubernamental, para lograr por ejemplo la disponibilidad y asequibilidad de alimentos sanos o el tipo de desarrollo urbano que permite desplazamientos no motorizados y actividades al aire libre.

La obesidad se ha convertido no solo en una crisis de salud pública, sino también en un elemento que pone en peligro la competitividad del país. Por una parte, afecta la salud de los habitantes, lo que tiene un impacto en la dinámica familiar y genera altos costos de tratamiento médico. Por el otro, reduce la productividad de los trabajadores e impone retos significativos a las finanzas gubernamentales.

Según estimaciones de McKinsey Global Institute, la obesidad a nivel mundial se asocia con costos equivalentes a 2.8% del PIB global. Esta cifra es parecida a la que generan los conflictos armados y el tabaquismo.7 Esto implica una presión muy fuerte sobre el presupuesto de las familias, los sistemas de salud y los sectores productivos. La buena noticia es que el exceso de peso es prevenible y reversible.

La obesidad es un problema multifactorial y su solución depende fundamentalmente de una transformación de los estilos de vida. Por ello, su combate requiere un portafolios integral de políticas que incidan sobre los diferentes niveles de causas, tanto directas como indirectas. En ese sentido, se debe reconocer que la administración federal actual ha emprendido esfuerzos considerables en esta materia, los cuales están concentrados en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Las políticas más destacadas son: el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos hipercalóricos, el etiquetado frontal, los lineamientos para la venta de alimentos en escuelas y la prohibición de publicidad de alimentos no saludables en horarios infantiles.

México es el primer país de América, y uno de los pocos en el mundo, en contar con impuestos nacionales sobre alimentos poco saludables. A partir de 2014, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se define un gravamen de un peso por litro para bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como uno de ocho por ciento sobre alimentos de alto contenido calórico (aquellos con 275 kcal. o más por cada 100 gramos). Este instrumento busca desincentivar el consumo de este tipo de productos incrementando los precios. No obstante, un cambio de alimentación se dará siempre y cuando la población tenga acceso a opciones mucho más saludables. De lo contrario, solo absorberá la carga del impuesto haciendo diversos ajustes en el resto de sus compras.

El 15 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) un acuerdo que define los lineamientos para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como las reglas para poder obtener un sello nutrimental. Si bien el diseño de estas medidas es mejorable, tiene tres ventajas. Primero, define los nutrimentos de riesgo (azúcar, grasas y sodio) e impone criterios estandarizados para su reporte. Esto hace que las etiquetas de los productos sean comparables, aunque la población no está capacitada para poder interpretarlas completamente. Segundo, obliga a mostrar los porcentajes que representa el producto de la ingesta diaria por nutrimento, lo que de cierta forma señala las implicaciones de su consumo. Tercero, ofrece a las empresas la oportunidad de alcanzar un distintivo nutrimental, generando incentivos para reajustar las fórmulas de sus productos.

Pese a las ventajas del etiquetado frontal, son dos las principales críticas asociadas. La primera es que no hay un instrumento legal que defina los consumos máximos de nutrimentos nocivos, los cuales deberían estar consensuados por un grupo de expertos. El cálculo de azúcares es el más controversial. En México se permite una ingesta diaria de 90 gramos de azúcar, cifra que es casi el doble de la permitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La segunda crítica es que el etiquetado no es fácil de entender: su nivel de comprensión es muy bajo incluso entre quienes se dedican a estos temas. De acuerdo con una encuesta realizada a estudiantes de nutrición sobre su comprensión de las Guías Diarias de Alimentación (GDA), solo el 13% pudo interpretarlos adecuadamente.8

Por otra parte, también en abril de 2014, se prohibió la publicidad en horarios infantiles (de 14:30 a 19:30 horas de lunes a viernes, y de 7:00 a 19:30 horas sábado y domingo) de alimentos que excedan los criterios nutrimentales. Dichos criterios son los mismos que se usan en el acuerdo del etiquetado. Esta regulación es de carácter obligatorio y sustituyó al Código pabi (Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas), que estuvo vigente de 2009 a principios de 2014. Si bien esta medida reduce el bombardeo publicitario al que está expuesta la población infantil, se limita a la televisión y el cine. Esto deja sin cubrir otros medios, como la radio y la prensa escrita, además de espacios publicitarios en puntos de venta, avenidas y transporte público. Es importante enfatizar que incluso en los medios regulados se permiten los anuncios de productos que exceden los criterios nutrimentales en programas que no son aptos para menores y aquellos cuya audiencia no esté compuesta por más del 35% de niños entre cuatro y doce años.

México, junto con Brasil y Costa Rica, es uno de los tres países latinoamericanos que regulan la venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. En mayo del año pasado se definieron en el  DOF  los criterios nutrimentales que deben seguir los productos que se pueden ofrecer a los niños durante la jornada escolar. A pesar de que el diseño de la política es relativamente bueno, existen elementos que podrían arriesgar los resultados de su implementación. Los tres principales riesgos son: falta de agua potable en la mayoría de las escuelas, falta de capacitación para el personal educativo, y débiles mecanismos de verificación y sanción. A continuación se describe cada uno de estos riesgos.

Primero, el agua simple es el mejor sustituto de las bebidas azucaradas. Por ello, los niños deben tener acceso a este bien de manera segura y gratuita. De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, menos del 20% de las escuelas cuentan con al menos un bebedero, y solo 70% de ellas tienen un bebedero que sirve. Se estima que en promedio hay 84 alumnos por bebedero que sirve. Esto no contempla la calidad del agua que sale de los bebederos, que en la mayoría de los casos no es adecuada. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 destina poco más de 1 mil 360 millones de pesos para la instalación de bebederos en escuelas públicas. Sin embargo, este monto representa solo el 14% del costo total de dotar de agua potable a todas las escuelas públicas, según estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (9 mil 678 millones de pesos).9

Segundo, en una encuesta aplicada en las escuelas durante el ciclo escolar 2012-2013 se identificó que entre 40 y 80% de los directores, profesores, expendedores de alimentos y padres de familia no conocen los criterios nutrimentales contenidos en los lineamientos. La misma encuesta revela que menos del 40% de las escuelas tienen materiales educativos para la aplicación de los lineamientos, y solo el 23% de los colegios cuentan con guías para preparar comida saludable. Hasta el momento, no se tiene registro de alguna campaña o programa reciente que busque cambiar estas estadísticas, por lo que si los encargados de aplicar estos lineamientos desconocen cómo hacerlo correctamente, es válido cuestionar el éxito de la implementación.

Tercero, los lineamientos contemplan la creación de Comités de Establecimientos de Consumo Escolar (CECE) en las escuelas de educación básica (preescolar, primarias y secundarias). Dichos comités se han integrado principalmente por padres de familia y son los encargados de implementar los lineamientos al interior de las escuelas, así como de verificar el cumplimiento. Si se presenta cualquier irregularidad, deben notificarla al Consejo Escolar de Participación Social (CEPS). Sin embargo, de acuerdo con el censo escolar 2013, solo 86% de las escuelas cuentan con un CEPS. No es posible identificar cuántas de ellas tienen un CECE. Si no hay un CEPS difícilmente se creará un CECE, y si se crea, no habrá forma de notificar incumplimientos. En caso de faltas, los lineamientos marcan multas de hasta cinco mil veces el salario mínimo e incluso la revocación del cargo. No obstante, la dinámica de monitoreo y verificación del cumplimiento es endeble. Además, las escuelas de nivel medio superior y superior tienen la libertad de definir los mecanismos para la implementación de esta política.

Con todo y sus debilidades, las acciones contra la obesidad que se han implementado hasta ahora constituyen un buen comienzo para lidiar con esta crisis. No obstante, los estragos que causa el exceso de peso a los sistemas de salud y las finanzas familiares demandan acciones más agresivas y contundentes. En general, las políticas públicas deben:

• Incluir una cartera integral de acciones que incida en diferentes actores, con el fin de transformar el ambiente obesigénico mediante diversos mecanismos. La evidencia sugiere que no existe ninguna acción específica capaz de lograr íntegramente este objetivo; todas tienen efectos parciales.

• Adoptar el control de sobrepeso y obesidad como una misión transversal que requiere apoyo multisectorial y multigubernamental. La toma de decisiones para controlar este problema debe incluir a los tres niveles de gobierno y a diversas áreas del sector público (no solo las áreas de salud pública), así como al sector privado, la academia y la sociedad civil. Lo ideal es que se creen las instituciones necesarias para formalizar espacios donde se diseñen y evalúen este tipo de las políticas.

• Reconocer que el control de peso no es responsabilidad exclusiva del individuo. Existen múltiples barreras que limitan la voluntad de las personas de llevar una alimentación saludable y desincentivan la activación física. Por esto, la educación es una condición necesaria, más no suficiente, para enfrentar este problema.

En resumen, hay suficientes razones para pensar que la obesidad es uno de los mayores retos que enfrenta México en términos sociales y económicos, por lo que debe convertirse en una prioridad para el Gobierno, los grupos de interés y los individuos. Pese a su complejidad, es mucho más barato lograr que la población adopte estilos de vida más saludables que pagar tratamientos de largo plazo, los cuales presionan la estabilidad financiera de las instituciones de salud. Es fundamental revertir esta crisis que puede tener consecuencias catastróficas. LA OBESIDAD EN MÉXICO

El sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, que no se estanca, y se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país. Así lo expuso la Dra. Teresa Shamah Levy, directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante su entrevista en el programa Simbiosis de TV UNAM.

De acuerdo con lo que informó la Dra. Shamah, entre 2012 y 2016 el problema del sobrepeso y la obesidad en México creció 10 puntos porcentuales en mujeres adolescentes rurales, lo cual es muy grave, puesto que significa tener a casi el 40 % de mujeres rurales con sobrepeso y obesidad en solo cuatro años; en un ambiente en donde, se supone, las personas se encuentran en mayor movimiento.

Según la directora del CIEE, parte de las explicaciones que el INSP está explorando a este respecto están relacionadas con la dieta. “La nutrición es un proceso integral: tú puedes tener un anémico obeso, y el hecho de que tenga anemia depende en gran parte de la alimentación, de la absorción que pueda tener de hierro y del tipo de hierro biodisponible que tiene en su alimentación”, indicó.

Al abundar sobre esta interrelación, la investigadora del INSP recordó que la desnutrición también tiene que ver con el tipo de alimentación, y que la parte de la obesidad se encuentra asociada gravemente con problemas de diabetes: “es más probable que una persona con diabetes tenga obesidad, hipertensión, dislipidemias y/o enfermedad renal crónica, la cual constituye la consecuencia final o desenlace de la diabetes. Y en el momento actual, podría constituir la causa de quiebra de los sistemas de salud en México”.

La Dra. Shamah informó que el Estado mexicano está realizando programas de ayuda alimentaria, los cuales han crecido su espectro y hoy día proporcionan alimentación a grupos vulnerables. Tal es el caso del programa PROSPERA, que proporciona complementos alimenticios y subsidios a la leche Liconsa, con lo cual la gente puede acceder a una leche fortificada de muy buena calidad.

Cuando se habla de vulnerabilidad se habla de los más pobres. Sin embargo, existe una amplia gama de población que, sin encontrarse en situación de pobreza, carece de acceso a una buena alimentación. Esto es muy grave si se considera que la alimentación es una de las dimensiones de medición de la pobreza, explicó la Directora del CIEE.

En cuanto a recomendaciones dietéticas a nivel poblacional, la Dra. Shamah habló del índice de calidad de la dieta, el cual, traducido para la población, significa consumir una dieta equilibrada, es decir, alimentos naturales (frutas, verduras, granos con alto contenido en fibra —no procesados—). En un artículo del INSP publicado en 2012, se observó, por ejemplo, el tipo de alimentos que estaban consumiendo los adolescentes, y el índice de calidad de la dieta fue comparado con indicadores bioquímicos (sangre) para ver el consumo de alimentos con un alto índice glicémico, lo cual puede explicar parte de este panorama epidemiológico que comienza a crecer desde edades más tempranas a raíz del sobrepeso o la obesidad asociado a diabetes, hipertensión, etcétera.

A propósito de esto, la Dra. Shamah Levi señaló que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados: “En México consumimos en promedio 214 kg de alimentos ultraprocesados por persona al año, ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo”, advirtió.

Finalmente, la Dra. Shamah recordó que el INSP da recomendaciones poblacionales que buscan ofrecer a la población entera opciones para poder sustituir cierto alimento por otro de similar calidad nutricional y de mayor accesibilidad en el momento. “Si el Estado tiene que garantizar la alimentación de toda la población, independientemente de su estatus socioeconómico, y el 80 % de la población tiene algún grado de pobreza, tenemos que dar recomendaciones y generar la política pública con producción local de alimentos, acceso a alimentos que vayan directo al consumidor, sin intermediarios. Ese tipo de política es la que tenemos que construir”,

México pertenece a las naciones con mayor obesidad en adultos en el mundo, esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la cual está compuesta por 35 países alrededor del mundo, con representación de cada continente. Además de México, algunos países que la integran son Brasil, Chile, Turquía, Reino Unido, Australia, Grecia, Portugal y Sudáfrica.

Al año 2015, según el reporte  Obesity Update, más de la mitad de los adultos y casi 1 de cada 6 niños padecen sobrepeso u obesidad en países asociados a la OCDE. El 19.5% de los adultos de los países que pertenecen a la OCDE padece obesidad (un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2), y los países con mayor prevalencia son: Los países con menor nivel prevalencia de obesidad en adultos son Japón (3.7%) y Corea del Sur (5.3%). Se proyecta que la obesidad en México aumente a 39% y en Estados Unidos a 47% para 2030. Mujeres y hombres con menor nivel educativo tienen mayor riesgo de padecer obesidad en la mayoría de los países. La desigualdad educativa y socioeconómica influye en que exista más obesidad, debido a obstáculos en el mercado laboral (menor contratación, productividad y reingreso laboral) lo cual refuerza esas desigualdades. Atender la obesidad en el entorno laboral podría contribuir a romper con el ciclo de desigualdad social.
 * 1) Estados Unidos, con 38.2%
 * 2) México, con 32.4%
 * 3) Nueva Zelanda, con 30.7%

Se han aplicado diversas políticas públicas para revertir la epidemia de sobrepeso y obesidad. El reporte menciona el aumento del precio por medio de un impuesto a alimentos potencialmente no saludables, la cual está en vigor en varios países. En México, se grava un 8% a los alimentos no básicos con alta densidad calórica, es decir, que 100 gramos de producto contengan más de 275 calorías. Esto incluye botanas, confitería, chocolate, postres y dulces, mantequilla de cacahuate, helados, nieves y paletas. Además, se aplica un impuesto de 1 peso mexicano por cada litro de bebida saborizada con azúcar añadida.

Otras medidas que se han adoptado para apoyar a la población a tomar decisiones sobre la selección de alimentos son el etiquetado nutrimental, listas de ingredientes (que es obligatoria en la mayor parte de los países que pertenecen a la OCDE), perfil nutricio, logos informativos (con características negativas o positivas de los productos) y sistemas de luces de tráfico. En México el etiquetado en vigor (el cual está actualmente en revisión) incluye la lista de ingredientes, información nutrimental y el etiquetado frontal con porcentajes relativos a la ingesta de 2,000 calorías para un adulto y criterios establecidos para grasas y azúcares.

En restaurantes, hay evidencia que mostrar las calorías del menú o etiquetas de advertencia ha disminuido las calorías ingeridas por el consumidor. En México esta regulación no es obligatoria, pero recientemente la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) firmó un convenio con la COFEPRIS para que sus agremiados incluyan las calorías de cada platillo en sus menús, cartas o escaparates.

Por su parte, se menciona que existen campañas masivas que promueven alimentos saludables, como el consumo de frutas y verduras, en casi todos los países de la OCDE. En México, se cuenta con la promoción de “5 frutas y verduras al día”, así como su regulación en la NOM-043 que indica promover su consumo, de preferencia en crudo y con cáscara, variando según la estación. Asimismo, las redes sociales y las aplicaciones móviles tienen el potencial de disminuir el peso corporal y aumentar la actividad física de los usuarios.

Por último, se menciona la regulación de publicidad en medios para reducir la exposición infantil a alimentos pocos saludables y bebidas azucaradas. En México, esta restricción de publicidad se limita a productos con ciertas características, en horario de 14:30 a 19:30 de lunes a viernes y de 7:00 a 19:30 los fines de semana, así como en películas de clasificación A y AA. Se permite la publicidad durante la transmisión de deportes, novelas, noticieros y series no consideradas aptas para menores de edad, así como películas fuera de esta clasificación.

Las políticas antes mencionadas están siendo utilizadas por los países de la OCDE para disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad y su crecimiento en la población. Sin embargo, no se ha observado que se revierta en ninguno de los países. Es necesaria la cooperación del gobierno, asociaciones, industria y ciudadanía para mejorar el estado de nutrición en México y la población mundial.